La controversia resurge en torno a la tracción a sangre. La ley que prohíbe el uso de animales para el arrastre de cargas en vehículos, carros u otros dispositivos similares (9.810) está vigente desde octubre de 2024. Sin embargo, el Poder Ejecutivo (PE) todavía no reglamentó la norma para poder aplicarla en su totalidad, según hicieron notar legisladores de la oposición.
El parlamentario José Cano (Radicalismo Federal), con el apoyo de Silvia Elías de Pérez Valores para Tucumán) y Alfredo “Freddy” Toscano (Compromiso Tucumán), presentó recientemente un proyecto de resolución en el que instó al PE a que “dé urgente trámite” de reglamentación a la norma que fue sancionada en abril de 2024. En el texto recordó que la omisión de reglamentar las leyes sancionadas por el Poder Legislativo “es un acto violatorio de los artículos 71 y 101 -inciso 2- de la Constitución de Tucumán”.
Cano agregó que la ley se sancionó “en una clara actitud de férreo compromiso de todos los integrantes del Poder Legislativo en la lucha contra el maltrato animal que difícilmente pueda ser efectiva sin igual dedicación por parte de todos los poderes del Estado”.
“Bloquean la voluntad legislativa”
En los fundamentos, el radical consideró que la falta de reglamentación de la norma no es solo una obligación constitucional, sino que constituye la ausencia de voluntad del Poder Ejecutivo de atender una situación social grave para la cual el Poder Legislativo brindó una solución. “Reglamentadas o no, las leyes sancionadas según el procedimiento que establece la Constitución (Nacional o Provinciales) tienen plena vigencia, por lo tanto, los jueces deben aplicarlas, interpretándolas para subsanar sus vacíos si fuera el caso”, opinó.
“La falta de reglamentación implica en la práctica un doble derecho de veto, lo que constituye una violación a los principios contenidos en la Constitución Nacional o Provincial, con el agravante de que esta omisión implica bloquear la voluntad legislativa. Mientras tanto en nuestra provincia todos los días vemos casos de animales que mueren a la vera de las calles y rutas, víctimas del maltrato humano y la desidia de un Estado que aún sigue ausente. Nuestra provincia sigue siendo una isla en comparación al resto del país en materia de maltrato, crueldad animal y prohibición de tracción a sangre equina”, se explayó el legislador radical.
En abril de 2024, la Cámara sancionó la ley en cuestión. Para el dictamen se estudiaron diferentes iniciativas impulsadas por Cano, Hugo Ledesma (Lealtad Peronista), Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) y los oficialistas Carlos Najar y Maia Martínez (bloque Justicialista). Sin embargo, la promulgación y numeración de la norma se llevó a cabo seis meses después y luego de algunos pedidos de resolución para su publicación.
Fuentes de la Casa de Gobierno reconocieron entonces que la demora respondía a las consecuencias sociales que podría acarrear una norma de dichas características dado que hay muchas familias que utilizan un carro de tracción a sangre para subsistir. De hecho, cuando se promulgó la norma, cientos de carreras realizaron encendidas manifestaciones y se reunieron con autoridades para hacerles conocer sus realidades.
“No queremos bicicletas, queremos nuestros carros. Es lo único que tenemos para trabajar y darle de comer a nuestros hijos”, expresó uno de los manifestantes cuando se promulgó la norma. Mencionaron también que, extraoficialmente, les habían comentado que podrían en suspenso la aplicación de la norma.
La Ley 9.810 fue aprobada por 48 votos y una abstención. Prohíbe el uso de animales como medios de carga, excepto vehículos oficiales de las fuerzas de seguridad, y aquellos de carácter histórico o folclórico, como los sulkys en Simoca, o los carros en ámbitos rurales.8
