El camarista Benjamín Moisá elevó a la arena judicial su conflicto con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Interpuso una demanda contra la Provincia tras un “llamado de atención” del máximo tribunal, impugnando la Acordada 288/2026. Esta normativa es calificada por Moisá como arbitraria e inconstitucional, marcando un hito en el litigio interno.
La medida judicial surge luego de que la Corte provincial, integrada por Daniel Leiva, Antonio Estofán, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Posse, rechazara un recurso de reconsideración. Con ello, ratificó la sanción disciplinaria contra el vocal de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Común.
La causa se originó cuando Moisá rechazó un escrito con una firma digitalizada, amparándose en el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación. En su demanda, el camarista cuestiona la finalidad de la sanción, denunciando una “desviación del acto” que busca “disciplinarlo” por sus resoluciones jurisdiccionales.
Moisá argumenta que el criterio sobre firmas digitales es aplicado pacíficamente por su sala desde hace cuatro años, sugiriendo un trato desigual. Además, citó analogías históricas para defender la potestad de los jueces inferiores, aunque la Corte consideró su alusión al “sistema nacionalista del Tercer Reich” como “manifiestamente descontextualizada”.
Este litigio añade un precedente significativo a los desacuerdos institucionales previos en la justicia tucumana y podría sentar bases para redefinir los límites de la superintendencia judicial.
