La Corte Suprema de Justicia exigió al Gobierno Nacional la aplicación inmediata de la Ley N°27.795 de Financiamiento Universitario, tras rechazar unánimemente un recurso del Ministerio de Capital Humano. Este fallo impacta directamente en el presupuesto universitario y genera un debate sobre la asignación de fondos en Tucumán y el país.
La controversia escaló a la Corte Suprema, donde el Poder Judicial falló contra la postura del gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Capital Humano había presentado un recurso extraordinario, argumentando que la normativa sancionada por el Congreso no especifica las partidas presupuestarias para su financiamiento.
Según estimaciones oficiales, la aplicación de la Ley N°27.795 implicaría un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos. El Poder Ejecutivo argumenta que esto viola el artículo N°38 de la Ley de Administración Financiera, que exige detallar la fuente de todo gasto extra, interpretando que la única alternativa sería la emisión monetaria y la desestabilización del plan económico de Luis Caputo.
La Asociación Gremial de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) celebraron la resolución judicial. Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD-UBA, afirmó que el Gobierno «pretende no pagar», mientras Emiliano Cagnacci de ADUBA remarcó que «no se puede elegir qué leyes cumplir en democracia», defendiendo el carácter alimentario de los salarios.
En este contexto, el Gobierno Nacional ha requerido a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intensificar las auditorías sobre la utilización de fondos de las facultades autónomas, mientras la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley sigue sin resolverse.
