Un grupo de diputados nacionales, del Frente Unión por la Patria, presentó un “Proyecto de Declaración” expresando su firme rechazo a las propuestas de privatización de las empresas estatales y la venta de activos del “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, presentadas en el proyecto de ley 25-PE-2023. Con este proyecto, los parlamentarios buscan lograr que la Cámara de Diputados de la Nación se pronuncie manifestando su rechazo en relación a la iniciativa privatizadora que impulsa el Poder Ejecutivo que conduce el Presidente Javier Milei.
La propuesta contempla la privatización de 41 empresas y sociedades de propiedad estatal entre las que se incluyen ANSeS, YPF, Aerolíneas Argentinas , Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), etc. A su vez, dentro del listado de empresas a privatizar también se encuentra el Banco de la Nación Argentina, lo cual motivó que los diputados nacionales y dirigentes de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (Secretario General) y Carlos Cisneros (Secretario de Administración Nacional), estamparan su firma en el proyecto que también firmaron otros parlamentarios de extracción gremial como Vanesa Siley (SiTraJU), Mario Manrique (SMATA), Hugo Yasky y Pablo Carro (CTA). También el diputado Pablo Yedlin y la diputada Julia Strada, acompañan la iniciativa con su firma.
Dentro de los considerandos del proyecto, los parlamentarios hicieron hincapié en “el procedimiento privatizador”, el cual “fue iniciado por el actual Gobierno a través del decreto de necesidad y urgencia nº70/2023”. En ese sentido remarcaron que “se trata de un decreto inconstitucional por no haber existido las circunstancias excepcionales para su dictado, y mucho menos necesidad ni urgencia”.
Para los diputados firmantes, el Gobierno Nacional impulsa estos proyectos “con la finalidad de promover un nuevo proceso privatizador de forma exprés y sin controles”. A su vez consideraron que “se trata de un procedimiento privatizador absolutamente dogmático; de la privatización por la privatización misma, sin otro matiz ideológico que la destrucción del Estado para favorecer al poder económico concentrado del sector privado”
Además sostienen que “el nuevo gobierno y promotor de la iniciativa no tiene apego por las formas ni pautas jurídica, que toda aprobación de nuevo estatuto, transformación específica o disposición de paquete accionario debería pasar por el Congreso y debería ser abordada en particular, no en general” y que lo que ahora busca el Gobierno Nacional “es exactamente lo contrario: que el Congreso otorgue un permiso genérico al Ejecutivo para que venda el patrimonio estatal”.
En otro punto del proyecto, los diputados señalan que “al realizar un análisis del impacto de estas masivas privatizaciones, se observa un efecto de grave irreversibilidad” y que “gran parte de estas empresas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía; y su venta habilitaría grandes negocios para el sector privado”. Sin embargo lo que más cuestionan los diputados del proyecto privatizador que promueve el PE, es que proponen “la privatización directa de 41 empresas y sociedades sin análisis previo de viabilidad ni eficiencia de ningún tipo”.
Para concluir, los diputados autores del proyecto se expresan de forma tajante en contra de que se concrete este masivo e injustificado plan de privatización de empresas y sociedades del Estado y venta de activos del FGS, lo cual tendría un carácter irreversible y produciría nefastas consecuencias sobre la estructura económica argentina y los derechos de usuarios y consumidores.
“Entendemos que robustecer la eficiencia del sector público y de las empresas y sociedades es un desafío. Pero rechazamos rotundamente que la forma de resolver presuntas ineficiencias consista en la entrega del patrimonio público. Esta nueva propuesta de privatizaciones masivas solo empeoraría el estado de situación, quitando herramientas valiosas para que el Estado resguarde derechos fundamentales de los sectores vulnerables”, concluyeron los parlamentarios, ratificando su rechazo a esta nueva iniciativa privatizadora en Argentina.