La mención a una causa judicial por un intento de sedición policial y por la que se dio prisión preventiva al abogado Gustavo Morales modificó el eje y el tono del discurso del gobernador Osvaldo Jaldo en la Legislatura. Detrás de su denuncia pública quedaron eclipsados datos, anuncios y proyectos que se pretenden llevar a cabo. Entre ellos, la intención de ponerle un final al Acuerdo Fiscal Municipal, conocido popularmente como “Pacto Social” o “Pacto Fiscal”.
“Nuestra meta es trabajar con los intendentes. Esto es importante: trabajar con los intendentes para que cada uno de ellos pueda administrar con recursos propios. Es decir, ir saliendo del “Pacto” o del Acuerdo Fiscal y de este modo tener una autonomía plena, siempre con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Tucumán, en el caso de resultar necesario”, dijo.
Este mecanismo de asistencia cumplió recientemente 25 años de vigencia. Fue creado el 12 de enero de 2000 durante la gestión de Julio Miranda, mediante el DNU 37/3, con José Alperovich como ministro de Economía. Desde 2015, los acuerdos se firman en el marco del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (Ley 8.829)
Los distritos que firman el acuerdo básicamente ceden al Poder Ejecutivo el 100% de los fondos coparticipables nacionales y provinciales, y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), a cambio de que la Provincia garantice el pago de la planilla salarial en tiempo y forma (aguinaldo incluido), la prestación de servicios esenciales y determinadas obras públicas.
Son 11 los municipios que firmaron los acuerdos en 2024: Aguilares, Alberdi, Alderetes, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Lules, Monteros, Tafí del Valle, Yerba Buena y Tafí Viejo (salió del convenio en 2025).
Mediante este acuerdo, a algunos municipios también se les garantiza el pago del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos y Urbanos (Girsu). Además se otorgaron a los municipios fondos para determinadas obras solicitadas por los Intendentes.
Controversias del Pacto
En septiembre de 2023, a partir de cuestionamientos de intendentes radicales por discriminación por el envió dispar de fondos no reintegrables, Jaldo (vicegobernador por entonces) anticipó que el mecanismo mensual de asistencia a los gobiernos locales cambiará apenas comience su gestión. “Vamos a tomar decisiones de fondo para que cada uno se maneje con los recursos (nacionales y provinciales) que por Ley y Constitución le corresponde”, había dicho. Desde entonces pocos fueron los cambios que se implementaron y sólo salieron del convenio Concepción, en 2024, y Tafí Viejo en 2025.
Intendentes y concejales de signo opositor sostienen que sería inviable abandonar el sistema sin previamente modificar las leyes de Coparticipación (6.316), la Orgánica de las Municipalidades (5.529) y la de Categorización de los Municipios (5.530), por lo que hay proyectos en ese sentido sin tratamiento en la Legislatura.
El año pasado se generó una fuerte polémica luego de que se publicara que Banda del Río Salí recibió el doble de recursos que Tafí Viejo y que Yerba Buena, los municipios más poblados del interior según el Censo 2022.
El gobernador Monteros aclararon que los dineros se giran según la planilla de trabajadores en blanco de cada municipio (el bandeño tiene 1.800, el taficeño unos 600 y el yerbabuenense 950). El ex intendente remarcó entonces que la rúbrica del acuerdo semestral es optativa; incluso mencionó que si había jefes municipales disconformes podrían retirarse del Pacto.
En agosto de 2024, en tanto, Jaldo no le cerró la puerta a una posible reforma de la Ley de Coparticipación al plantear la necesidad de implementar cambios políticos y electorales en la provincia. “Todo es conversable y discutible”, dijo.
Cabe destacar que la Provincia indicó años atrás que más de una decena de municipios mantienen deudas que deberían ser refinanciadas si se quiere terminar con el “Pacto Fiscal”.
