El reciente descargo del Ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, ha generado un intenso debate en la provincia, al señalar al sector agropecuario como uno de los principales responsables en el agravamiento de las recurrentes inundaciones en Tucumán. En una postura que busca redistribuir la carga de la crisis hídrica que azota a diversas zonas del territorio, el funcionario no dudó en atribuir a la “mano del hombre” y a prácticas agrícolas específicas, una cuota significativa en la desregulación de los sistemas naturales de drenaje. Aunque reconoció el impacto innegable del cambio climático, que ha vuelto obsoletos muchos estudios hidráulicos previos, su foco principal recayó en la necesidad imperiosa de detener el desmonte y la alteración indiscriminada de los cauces, prácticas que, según su visión, vuelven insuficiente cualquier esfuerzo de infraestructura.
La declaración del ministro Nazur no solo pone en el centro de la discusión la relación entre la producción agropecuaria y la resiliencia hídrica, sino que también reabre viejos interrogantes sobre la efectividad de los controles estatales y la planificación territorial. Las graves consecuencias de la crisis hídrica se sienten particularmente en el sur tucumano, con localidades enteras anegadas y familias evacuadas, lo que exige una reflexión profunda y acciones concertadas para mitigar los daños y prevenir futuras catástrofes.
La Visión Oficial sobre las Inundaciones en Tucumán: Responsabilidad Compartida
Marcelo Nazur, al frente de la cartera de Obras Públicas, presentó una evaluación crítica de la situación hídrica provincial, enfatizando que la infraestructura actual, por más robusta que sea, no podrá contener la furia del agua si persisten ciertas intervenciones humanas en el paisaje. Su argumento central se basa en la convicción de que la expansión de la frontera agrícola, motivada por una comprensible ambición productiva, ha llevado a la alteración irreversible de cursos de agua naturales, fundamentales para el escurrimiento. Según Nazur, “arroyos enteros desaparecen de un mes a otro”, un fenómeno alarmante que atribuye a desvíos ilegales para riego o al cierre de cauces para ganar preciadas tierras de cultivo.
Esta perspectiva oficial introduce la idea de una “responsabilidad compartida”, donde el Estado, si bien “puede fallar en sus controles” –como reconoció el propio ministro–, no sería el único actor a examinar. Sin embargo, esta postura genera legítimas preguntas sobre la capacidad o la voluntad política del gobierno provincial para sancionar de manera efectiva estas prácticas irregulares antes de que el agua llegue, imparable, a las viviendas de los ciudadanos. La crisis hídrica Tucumán, lejos de ser un problema puramente natural, se revela así como una compleja interacción entre fenómenos meteorológicos extremos, planificación deficiente y acciones humanas descontroladas.
El Impacto del Sector Agropecuario en la Crisis Hídrica de Tucumán
La acusación más contundente del Ministro Nazur Obras Públicas se dirigió sin ambages al sector agropecuario inundaciones, atribuyéndole una “buena parte de responsabilidad” en el agravamiento de los desbordes. Esta afirmación no es menor y señala prácticas específicas que, según la visión del funcionario, rompen el equilibrio hidrológico natural. El desmonte indiscriminado, una de las principales preocupaciones, reduce drásticamente la capacidad de absorción del suelo, incrementando la velocidad y el volumen del agua que corre superficialmente, provocando erosión y colmatando cauces aguas abajo. A esto se suma la modificación de cursos naturales: desvíos ilegales para irrigación de cultivos o cierres de arroyos y zanjas para ganar superficie cultivable. Estas acciones no solo alteran el drenaje natural, sino que también pueden redirigir volúmenes masivos de agua hacia zonas urbanas o rurales habitadas, que históricamente no estaban expuestas a tales flujos.
La provincia de Tucumán, con su matriz productiva fuertemente ligada a la agricultura intensiva, se enfrenta al desafío de conciliar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. La caña de azúcar, los cítricos y otras producciones extensivas requieren de una gestión del suelo y el agua que, si no es planificada y controlada adecuadamente, puede tener consecuencias devastadoras. Es crucial un diálogo constructivo entre el Estado, los productores y la sociedad civil para encontrar soluciones que permitan la prosperidad del sector sin comprometer la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por las recurrentes inundaciones Tucumán.
Desafíos de Infraestructura y Ordenamiento Territorial frente a las Inundaciones en Tucumán
La situación del sur tucumano, particularmente vulnerable, fue un punto de especial atención en el análisis del ministro. Para explicar el desborde extraordinario del río Marapa, Nazur no dudó en señalar a la provincia vecina, Catamarca. Según el funcionario, los impresionantes 600 metros cúbicos de caudal registrados el último verano son una consecuencia directa de la presunta “falta de control sobre el uso y el manejo del suelo” en el territorio catamarqueño, que impacta directamente en las cuencas compartidas y agrava la gestión hídrica provincial de Tucumán.
Pero la mirada crítica también se posó en problemáticas internas. El ministro puso énfasis en la construcción de barrios y asentamientos sobre paleocauces –antiguos lechos de ríos– y en las márgenes del río Salí. Calificó este fenómeno como un “problema cultural” heredado de gestiones pasadas que, lamentablemente, ignoraron principios básicos de ordenamiento territorial. Si bien la advertencia de que la Fiscalía de Estado ya interviene en ocupaciones irregulares en zonas inundables de la Capital y el Gran San Miguel de Tucumán es un paso importante, llega en un momento donde las soluciones de fondo parecen estar lejos de concretarse para las miles de familias que ya habitan esas zonas críticas, enfrentándose año tras año a las consecuencias de la falta de planificación.
Acciones Preventivas y Cuestionamientos a la Gestión Hídrica en Tucumán
En una firme defensa de su gestión, el ministro Nazur intentó desmarcarse de las grandes catástrofes hídricas de 2015 y 2017. Aseguró que la infraestructura actual de la provincia resistió los volúmenes de agua sin ceder, atribuyendo este éxito a un trabajo preventivo y de mantenimiento constante a lo largo de todo el año. Sus argumentos clave para destacar la resiliencia y el esfuerzo invertido en la prevención de inundaciones en Tucumán se resumen en los siguientes puntos:
- Mantenimiento Constante: Se destacó la extracción de 40.000 metros cúbicos de sedimentos del Canal Sur, una medida crucial para asegurar el flujo adecuado del agua y evitar desbordes en una de las principales vías de desagüe de la capital.
- Resistencia Estructural: Con especial énfasis, Nazur subrayó que “no se cayó ni se rompió un solo puente” durante los eventos hídricos más recientes. Esta afirmación la utilizó como prueba de la solidez de las obras de infraestructura existentes y del impacto positivo de las inversiones realizadas.
- Trabajo Preventivo Anual: La gestión, según el ministro, se enfoca en una labor ininterrumpida de prevención y adecuación, lejos de reaccionar únicamente ante la emergencia.
A pesar de estos logros destacados, la situación general de las inundaciones en Tucumán sigue siendo crítica, especialmente en el sur provincial. Los vecinos de localidades como La Madrid y Leales han expresado su desesperación y su reclamo por obras de fondo que no terminan de llegar, evidenciando una brecha entre la percepción oficial de la resistencia de la infraestructura y la realidad de las comunidades afectadas. Este contraste subraya la complejidad de la problemática y la necesidad de una visión integral que abarque no solo la obra pública, sino también una efectiva regulación de las actividades productivas y un riguroso ordenamiento territorial para prevenir el desmonte ilegal Tucumán.
Panorama Futuro y Soluciones Urgentes para las Inundaciones en Tucumán
Para cerrar su exposición, el Ministro Nazur lamentó la falta de giro de fondos nacionales destinados a rutas clave como la 157 y la 40, implicando que, para el Ministerio de Obras Públicas, una parte significativa de la solución al problema hídrico depende de factores que, según su óptica, se encuentran fuera de su control directo. Esta declaración introduce una dimensión interjurisdiccional y presupuestaria que complejiza aún más el panorama de las inundaciones en Tucumán. La combinación de factores climáticos extremos, prácticas agropecuarias cuestionadas, asentamientos irregulares y la siempre presente discusión sobre la asignación de recursos, configuran un escenario donde las soluciones demandan un abordaje multisectorial y una coordinación efectiva entre los distintos niveles del Estado y los actores privados. La urgencia es palpable, y las comunidades de Tucumán esperan respuestas concretas que les garanticen la seguridad y la tranquilidad que merecen.
