La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio de baja a miles de agentes tras una auditoría interna.
Se detectaron 12.123 contrataciones en 2023, superando el promedio histórico de personal.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, bajo la gestión de la intendenta Rossana Chahla, suprimió miles de contratos laborales tras una auditoría que detectó un incremento significativo en la planta de personal durante 2023. La medida se tomó luego de verificar la falta de cumplimiento de funciones por parte de numerosos agentes.
Según datos oficiales de la auditoría, en 2023 la planta municipal alcanzó los 12.123 agentes. Esta cifra contrasta con el promedio histórico de entre 4.500 y 5.000 trabajadores, con variaciones estacionales. Del total relevado, 6.848 empleados tenían domicilio en la capital tucumana, mientras que 5.275 residían fuera del municipio.
La auditoría detalló que 1.382 empleados residían en el departamento Cruz Alta, incluyendo 198 de Alderetes y 659 de Banda del Río Salí. Otros 949 tenían domicilio en Tafí Viejo, con 289 en Las Talitas. Además, cerca de 900 trabajadores vivían en Yerba Buena, 250 en Burruyacu, 180 en Tafí del Valle, 112 en Simoca y 78 en Chicligasta.
Detalles de la auditoría y el incremento de personal
Entre los casos destacados, la comuna de El Chañar, en Burruyacu, con aproximadamente 2.500 habitantes, registraba 168 personas que figuraban como prestando servicios para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Esto representaba el 6,72% de su población total. En Colalao del Valle, de 964 personas censadas en 2022, 68 figuraban como empleados municipales de la capital, equivalente al 7% de la población.
El ex subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, vinculó este incremento con una estrategia política desplegada durante la campaña provincial de 2023. Según su interpretación, el entonces intendente Germán Alfaro, candidato a vicegobernador, buscó construir una estructura territorial fuera de la capital. Sangenis sostuvo que se distribuyeron contratos con remuneraciones de entre $18.000 y $50.000, y denunció que en muchos casos los beneficiarios solo concurrían a firmar y retirar una tarjeta bancaria sin cumplir funciones.
El ex funcionario aseguró que la intendenta Rossana Chahla ordenó una auditoría integral para verificar las contrataciones y el cumplimiento de tareas. Como resultado de estos controles de presentismo, se dispuso la baja de quienes no trabajaban o no justificaron sus actividades. Aquellos que sí cumplían funciones consideradas necesarias continuaron prestando servicios, con una recomposición salarial.
Sangenis también afirmó que una situación similar ocurrió en Yerba Buena durante la gestión de Mariano Campero, a quien acusó de incorporar unos 800 contratos antes de las elecciones. Esta denuncia se encuentra actualmente bajo investigación.
¿Qué reveló la auditoría en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán?
La auditoría en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reveló que en 2023 la planta municipal alcanzó los 12.123 agentes, muy por encima del promedio histórico. Además, se detectó que 5.275 de estos empleados residían fuera del municipio capitalino, generando cuestionamientos sobre su necesidad y función.
