Emilio Luque, uno de los empresarios más emblemáticos y reconocidos de Tucumán, ha vuelto a alzar su voz, esta vez con una vehemencia pocas veces vista, dirigiéndose directamente al corazón del poder provincial. Su reciente arremetida contra el Gobierno de Tucumán y, en particular, contra el gobernador Osvaldo Jaldo, pone de manifiesto una profunda indignación que trasciende el ámbito personal. La controversia gira en torno al polémico desistimiento de la provincia de avanzar con la expropiación de un estratégico predio de 159 hectáreas en Cevil Pozo, un giro que ha dejado al empresario con una sensación de abandono y de asimetría estatal.
Este conflicto, que ha capturado la atención pública en la provincia, no solo expone las tensiones entre el sector privado y la administración pública, sino que también resalta desafíos estructurales en la gestión de proyectos de infraestructura de gran envergadura. El desistimiento de la expropiación, lejos de ser un mero tecnicismo legal, simboliza para Luque una deuda pendiente del Estado y una señal desalentadora para el clima de inversiones en la región. La situación actual, en medio de un complejo panorama económico nacional, subraya la delicadeza de las decisiones gubernamentales que impactan directamente en la confianza empresarial y el desarrollo local en Tucumán.
Emilio Luque arremete contra el Gobierno de Tucumán: La raíz del conflicto en Cevil Pozo
La disputa se centra en un predio de 159 hectáreas ubicado en Cevil Pozo, una zona estratégica que había sido identificada para albergar el ambicioso Centro Multimodal de Cargas. Este proyecto, concebido como un pilar para el desarrollo logístico y económico de Tucumán y el NOA, buscaba optimizar el transporte de mercaderías, conectando rutas, ferrocarriles y futuras conexiones aéreas. La idea inicial de esta infraestructura de vital importancia para la provincia surgió durante la última etapa del gobierno de José Alperovich. Sin embargo, el proceso de expropiación de las tierras de Luque, fundamentales para su concreción, tomó impulso y se formalizó durante la gestión de Juan Manzur, con Osvaldo Jaldo ocupando entonces el cargo de vicegobernador.
Durante años, el empresario Emilio Luque se vio inmerso en un prolongado litigio con la provincia, esperando una resolución que compensara la afectación de sus propiedades y le permitiera reinvertir en otras actividades productivas. La expectativa era que el Estado provincial, una vez finalizado el proceso expropiatorio, abonaría la justa indemnización correspondiente. No obstante, semanas atrás, el Ministerio de Obras Públicas de Tucumán sorprendió al formalizar el desistimiento de la expropiación, una decisión que, según fuentes cercanas al gobierno, busca evitar el pago de una indemnización que se estima cercana a los 5.500 millones de pesos, una suma considerable para las arcas provinciales en el actual contexto económico. Este monto, actualizado por los valores de mercado y la inflación, ha sido un factor determinante en la drástica decisión del Estado provincial, que ahora debe lidiar con las repercusiones políticas y económicas de su retractación.
Las duras acusaciones de Emilio Luque a Osvaldo Jaldo y Juan Manzur
La reacción de Emilio Luque no se hizo esperar y fue contundente. El empresario no solo manifestó su «molestia», sino que lanzó una crítica directa y sin ambages contra las autoridades provinciales. En declaraciones al periodista Gabriel Toledo, del portal Tendencia de Noticias, Luque expresó su profunda frustración por la falta de diálogo y atención a su problemática. “Ni Juan Manzur me llamó, ni me atendió Osvaldo Jaldo cuando le planteé este tema, porque realmente me siento molesto”, sentenció el empresario, evidenciando una desconexión total con los líderes que, en su momento, estuvieron a cargo de la provincia y quienes deberían haber gestionado una solución.
La esencia de su reproche radica en lo que Luque denomina una «asimetría estatal». Para él, la provincia opera con un doble estándar: “cuando el gobierno tiene que cobrar, cobra, embarga, aplica tasas usurarias y realmente cuando el gobierno tiene que pagar, es el peor pagador”. Esta frase lapidaria resuena con la percepción de muchos empresarios locales que, a menudo, se ven en la encrucijada de enfrentar un Estado ágil en la recaudación y lento en el cumplimiento de sus obligaciones. Luque, quien afirma haber apoyado a “todos los gobiernos” a lo largo de su trayectoria, lamenta haber tenido que “peregrinar por todos los juzgados de tribunales” en busca de justicia, sin obtener respuestas satisfactorias ni el debido resarcimiento por la afectación de sus bienes.
El impacto económico para Luque es tangible y se mide en años de producción perdida. “Venimos peregrinando y hemos perdido de aprovechar seis años de cosecha de caña, que veremos cómo terminamos con el gobierno porque a mí no me ha pagado nada”, remarcó el empresario. Esta pérdida no solo representa un perjuicio directo para sus finanzas y la viabilidad de sus proyectos, sino también para la productividad agrícola de una región con fuerte tradición cañera en Tucumán, donde cada zafra es crucial para la economía local y regional.
El desistimiento de expropiación: Un patrón del Gobierno tucumano con graves consecuencias
Lo que agrava la situación y enciende aún más las alarmas es que el caso del predio de Cevil Pozo no es un hecho aislado. El gobierno provincial ha mostrado un patrón similar en otras iniciativas de infraestructura. Poco después de conocerse el desistimiento en el caso Luque, el Boletín Oficial de la provincia hizo pública otra decisión de retractación: el gobierno se dio marcha atrás con la expropiación de 79 hectáreas en Burruyacú. Estas tierras estaban destinadas a la construcción de una Nueva Estación Transformadora de Alta Tensión, un proyecto vital para garantizar el suministro eléctrico y el desarrollo industrial de esa zona de Tucumán, que requiere una inversión constante en su red energética para soportar el crecimiento demográfico y productivo.
Estos dos casos en un corto período de tiempo evidencian una dificultad estructural del Gobierno de Tucumán para avanzar y concretar obras de infraestructura estratégicas. Los desistimientos no solo implican un retroceso en la planificación y la ejecución de proyectos esenciales, sino que también generan incertidumbre legal y financiera, desincentivando futuras inversiones privadas y la colaboración público-privada. La incapacidad de la provincia para culminar estos procesos expropiatorios de manera efectiva y a tiempo, ya sea por falta de fondos, por complejidades burocráticas o por cambios de prioridades políticas, sin duda contribuye a la postergación de Tucumán en áreas clave como la logística, la energía y la producción, afectando directamente la calidad de vida de sus habitantes y la competitividad de sus industrias.
Impacto económico y el futuro de las inversiones en Tucumán tras la disputa de Emilio Luque
La controversia entre Emilio Luque y el Gobierno de Tucumán trasciende el caso particular del empresario. Este tipo de conflictos envían una señal preocupante al ecosistema empresarial e inversor, tanto a nivel local como nacional. Cuando el Estado, que debería ser un garante de la seguridad jurídica y un facilitador de la inversión, retrocede en sus compromisos y no honra sus obligaciones de manera oportuna, se erosiona la confianza en la institucionalidad y la previsibilidad de las políticas públicas. Esto puede traducirse en una reticencia de los inversores a apostar por proyectos de largo aliento en la provincia, especialmente aquellos que requieren de la participación activa o la expropiación de tierras por parte del Estado, incrementando el riesgo percibido y, por ende, el costo de capital.
El anhelado Centro Multimodal de Cargas de Cevil Pozo, que podría haber impulsado significativamente la competitividad de las exportaciones e importaciones de Tucumán y la región del NOA, queda ahora en un limbo, con años de planificación y esfuerzos perdidos. Del mismo modo, la postergación de la Estación Transformadora en Burruyacú impacta directamente en la capacidad de la provincia para satisfacer la creciente demanda energética y atraer nuevas industrias, frenando un motor crucial para el desarrollo. La situación actual, con la persistente inflación, las restricciones presupuestarias y la necesidad de ajuste fiscal a nivel nacional, presenta un escenario extremadamente desafiante para la administración provincial, que deberá encontrar mecanismos creativos y efectivos para restaurar la confianza y cumplir con los proyectos esenciales que son vitales para el desarrollo socioeconómico y el bienestar de los ciudadanos de Tucumán.
Puntos clave de la controversia entre Emilio Luque y el Gobierno tucumano:
- Desistimiento provincial: El Gobierno de Tucumán se retractó de la expropiación de 159 hectáreas en Cevil Pozo, destinadas a un Centro Multimodal de Cargas.
- Indemnización millonaria evitada: La decisión se tomó para evitar el pago de unos 5.500 millones de pesos al empresario Emilio Luque.
- Crítica al Estado: Luque fustigó al gobierno por ser “el peor pagador” y denunció una profunda «asimetría estatal» en sus obligaciones.
- Pérdida productiva del empresario: Emilio Luque afirmó haber perdido seis años de cosecha de caña debido a la imposibilidad de utilizar las tierras en disputa.
- Precedente preocupante: Se suma el reciente desistimiento de expropiación de 79 hectáreas en Burruyacú, destinadas a una Nueva Estación Transformadora de Alta Tensión.
- Impacto en inversión: Estos casos generan gran incertidumbre legal y financiera, afectando negativamente el clima de inversión y el desarrollo de infraestructura en toda la provincia de Tucumán.
- Falta de diálogo: Luque denunció no haber sido atendido ni por el exgobernador Juan Manzur ni por el actual gobernador Osvaldo Jaldo respecto al tema.
