El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán lleva al recinto temas clave en materia de transporte. En la sesión de hoy se define la regulación de las plataformas electrónicas en autos y en motos, la reinvención del servicio de taxis y la suba del boleto de colectivos pactada en $1.250. Además, otros seis temas completan lo que será una cita parlamentaria que promete un debate intenso y de gran relevancia.
En primer lugar, el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa) tal cual se lo conoce dejará de existir. La disposición que se someterá a votación ordena la derogación de la ordenanza madre de los taxis (la N° 3.713), que desde 2006 regula la actividad de los choferes de vehículos municipales. A su vez, crea el Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), incluyendo al sector taximetrero y a las plataformas electrónicas de carácter privado (la sigla se diferencia de la anterior porque tiene una sola “p”).
El dictamen de la comisión de Transporte que encabeza José María Franco distingue entre el servicio de taxis (público con tarifa regulada) y el transporte privado (actividad de interés público), y a ambas impone disposiciones comunes: todos los conductores deben tener licencia profesional, DNI, seguro obligatorio; mantener trato respetuoso, vehículo en buen estado; cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y con una antigüedad máxima de 13 años por cada vehículo.
En particular, la iniciativa plantea al servicio de taxis como el único habilitado para la captación de pasajeros “por oportunidad” en la vía pública, e indica que su tarifa será fijada -como en la actualidad- por el Concejo Deliberante. El número de licencias se determinó conforme a una por cada 100 habitantes (alrededor de 5.900 licencias) y cada conductor deberá estar inscripto en el Registro de Conductores de Taxis y aprobar cursos de formación obligatorios.
Por su parte, los choferes de vehículos particulares deberán registrarse en un listado propio de plataformas digitales, donde las empresas deberán acreditar razón social y representante legal; funcionamiento del sistema de geolocalización y trazabilidad, entre otros. Además, en el articulado se incluye que las apps deberán garantizar el cumplimiento de las normativas municipales vigentes, incluyendo las obligaciones tributarias y la aceptación del régimen sancionatorio.
