Hay más de 800 denuncias realizadas por usurpaciones. Sólo dos loteos cumplieron con los requisitos legales para que las parcelas sean comercializadas. Esos son algunos de los datos que surgieron del trabajo que realizó la Dirección General de Catastro sobre las irregularidades detectadas en las tierras de El Cadillal.
Después de que se conociera la toma de tierras de la Reserva Natural La Angostura en El Mollar, el gobernador, Osvaldo Jaldo, eliminó la oficina de Regularización Dominial y Hábitat y ordenó crear una unidad ejecutora para analizar la situación territorial de la provincia. El objetivo era comenzar con el valle de Tafí y después extenderse a otros lugares, especialmente en los centros turísticos. Se sospechaba que el mayor frente de conflictos lo tendrían en El Cadillal.
Esa idea se confirmó con un relevamiento que hizo Catastro con la colaboración de diferentes organismos del Estado y representantes del sector público. “Se hizo con mucho esfuerzo y con la utilización de tecnología que nos permitió saber dónde estamos parados”, explicó Alejandro Navarro, titular del organismo. El informe fue categórico: descubrieron que había más de 300 hectáreas de tierras fiscales y más de 3.000 viviendas construidas ilegalmente.
Maniobras
De las decenas de loteos que se desarrollaron durante los últimos 20 años, sólo dos fueron autorizados por Catastro. Los demás deben ser reconsiderados, debido a que no cumplieron con la ley que regula estos emprendimientos inmobiliarios.
Según las normas vigentes, una persona que emprende este tipo de proyectos debe presentar diferentes informes. Entre otros, el de factibilidad en el que se garantiza que los compradores podrán acceder a servicios básicos (luz y agua); la confirmación de que la construcción no generarían daños ambientales, más aún si se tiene en cuenta que El Cadillal es un área protegida y que las edificaciones serán desarrolladas en lugares seguros, es decir, que no sean zonas inundables o que estén en lugares donde puede ser alcanzadas por la creciente de un río o un derrumbe, por citar solo algunos ejemplos.
Una vez que se culmina con ese trámite, el titular del emprendimiento debe presentar los planos en Catastro para que coloque el sello de autorizado para que los vendedores puedan otorgar la escritura, único documento que avala la titularidad de un bien. “En El Cadillal sólo se aprobaron dos loteos y por eso se realizaron numerosas denuncias en la Fiscalía de Estado”, explicó Navarro.
El funcionario explicó además que las autoridades municipales o comunales son los responsables de confeccionar los certificados de factibilidad. También informó que deben denunciar si es que descubren el desarrollo de un proyecto que no haya iniciado los trámites. Por esa razón, al menos tres ex comisionados rurales quedaron en la mira. Sus nombres se mantienen en reserva porque hasta el momento no fueron acusados de haber cometido ningún delito.
El funcionario confirmó el dato que publicó LA GACETA. En la edición de ayer se consignó que en la investigación del crimen de Paulina Lebbos se mencionó el camping de Luis Olivera, que había recibido del Ente Tucumán Turismo una parcela para realizara ese emprendimiento. Allí, por ejemplo construyó su casa el fallecido Sergio Kaleñuk, ex secretario privado de José Jorge Alperovich. Fue conocido como Loteo Olivera. En el lugar habría construido su casa un dirigente de ATSA que hasta la habría utilizado para hacer reuniones multitudinarias.
La Fiscalía de Estado deberá ahora afinar la punta del lápiz para determinar cuál es la situación de todos esos expedientes. Según trascendió, en varios de ellos se ordenaron los desalojos, pero en algunos casos pasaron más de 10 años sin que se ejecutaran, por lo que se perdió el derecho de recuperar esas tierras. “Hay que avanzar despacio y analizar cada uno de los casos, Lo más importante es que hay una decisión política de hacerlo”, finalizó Navarro.
