La sub interventora Ingrid Lausberg emitió un comunicado tras un fuerte cruce administrativo con el interventor José Ricardo Ascárate en el ERSEPT.
La disputa se centra en el alcance de las facultades administrativas y financieras dentro del organismo.
La sub interventora administrativa financiera del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Ingrid Lausberg, difundió un comunicado en el que fijó su posición sobre una polémica interna. La funcionaria expresó su compromiso con la responsabilidad, la transparencia y el respeto institucional en el desempeño de sus funciones, negando diferencias de orden personal con el titular del ERSEPT, José Ricardo Ascárate. Según Lausberg, su designación busca optimizar el funcionamiento del Ente, promoviendo la armonía, la unidad de acción y el trabajo coordinado.
El origen del conflicto administrativo
El comunicado se difundió después de que trascendiera un intercambio de notas y expedientes entre Lausberg y Ascárate, relacionado con el alcance de sus facultades administrativas. La controversia se inició el 22 de julio, cuando Ascárate remitió la Nota N° 159/2026 a la Unidad de Recursos Humanos del Ersept, solicitando un informe sobre la situación de 13 agentes en un plazo de 24 horas. Ese mismo día, Lausberg inició el expediente N° 4217/390-L-2026, intimando formalmente al interventor a cesar «toda orden, instructivo o requerimiento directo» en materia administrativa y financiera sin la participación de la Subintervención. En su presentación, Lausberg sostuvo que el pedido de Ascárate excedía sus competencias y lo calificó como «incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública», citando los artículos 246, 248 y 249 del Código Penal. Además, resolvió avocarse al trámite de la Nota N° 159/2026, instruyó a Recursos Humanos a remitir la documentación a la Subintervención para su «revisión, control de legalidad y posterior remisión», y consideró la posibilidad de informar al Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado y la Justicia Penal. Lausberg fundamentó su postura en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/3 (MEyP), ratificado por la Ley N° 9.982, que, según su interpretación, le otorgó competencia exclusiva en la administración financiera y patrimonial del organismo. También cuestionó el plazo de 24 horas, vinculándolo con una situación de hostigamiento hacia la responsable de Recursos Humanos, mencionando una denuncia penal previa por amenazas.
El origen del conflicto administrativo
La respuesta de Ascárate llegó el 23 de julio, mediante otra actuación administrativa. El interventor rechazó los términos de la intimación de Lausberg, argumentando que el artículo 2° del DNU establece que las competencias de la Subintervención rigen «sin perjuicio de las competencias propias de la Intervención». Ascárate sostuvo que las facultades conferidas por los Decretos N° 3/1 y 4/1 de 2024, con las atribuciones previstas en la Ley N° 8.479 para el Directorio, continúan vigentes. Asimismo, afirmó que su pedido de información a Recursos Humanos es una «actuación administrativa ordinaria», contemplada en el Manual de Funciones aprobado por la Resolución N° 582/24. Negó la configuración de delitos y requirió que la Nota N° 159/2026 fuera contestada sin demoras por la dependencia correspondiente.
Este intercambio se produjo tres meses después de que la Legislatura provincial ratificara el decreto que creó la Subintervención Administrativa Financiera del Ersept y designara a Lausberg en ese cargo, una sesión que generó cuestionamientos de la oposición. La situación coincide con un escenario de tensión interna en el organismo y con recientes medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (Ateret), gremio que distintos sectores políticos vinculan a la actual sub interventora.
¿Cuál es el motivo del conflicto en el ERSEPT?
El conflicto en el ERSEPT surge de un cruce administrativo entre la sub interventora Ingrid Lausberg y el interventor José Ricardo Ascárate. La disputa se centra en la interpretación del alcance de sus respectivas facultades en materia administrativa y financiera, tras un pedido de informes de Ascárate a Recursos Humanos.
Fuente: estatodobientuc.com.ar ↗
