¿Casta Municipal? El Sindicato de Empleados Municipales de Capital amenaza con un paro si Chahla no acepta que los cargos municipales sean hereditarios

El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Osvaldo «Cacho» Acosta, encabezó hoy un una protesta, con corte de tránsito en Barrio Sur.

El reclamo, tuvo más impacto en el tránsito vehicular que en la actividad institucional de la Intendencia. Es que mientras algunos integrantes de la Comisión Directiva del SOEM, con escaso acompañamiento de empleados municipales afiliados al gremio, protestaban reclamando por el ingreso de los hijos de empleados y jubilados a la planta municipal, la intendenta Rossana Chahla, junto a miembros de su gabinete, lanzaban el operativo de entrega gratuita de la tarjeta SUBE para los vecinos y vecinas de San Miguel de Tucumán.

En diálogo con La Gaceta, Acosta rechazó el aumento del 6% retroactivo a noviembre y el bono de $ 140.000  para los empleados municipales, otorgado unilateralmente desde la intendencia. “No podemos seguir cobrando la miseria que cobran los municipales de la capital”, dijo Acosta, gritando ante las cámaras de La Gaceta, argumentando que el 188% total de aumento otorgado desde la intendencia a los empleados municipales queda por debajo de la inflación interanual.

Sin embargo, la recomposición salarial que experimentaron los trabajadores municipales desde la llegada de la intendenta fue tan relevante que con el bono y los últimos aumentos asignados, prácticamente quedaron equiparados  los sueldos de un estatal provincial y un empleado municipal. Hasta el año pasado había una brecha siginificativa, en la cual los ingresos de un estatal provincial de la administración descentralizada eran muy superiores a los de un trabajador municipal y hoy ambos sueldos están técnicamente equiparados. Incluso la intendenta Chahla se expresó en este sentido:»Nuestra gente estaba relegada,  no estaba bien paga, y hemos podido subir a lo largo de este año más de un 180% los salarios», expresó Chahla al comunicar el aumento y el bono para empleados municipales.

La decisión municipal de otorgar tales aumentos se viene determinando de manera unilateral, por mera voluntad política de la intendenta debido a que en la provincia no existe una ley de paritarias y que los aumentos acordados básicamente se pactan de buena fé y sin un marco legal que obligue la recomposición salarial. Quizás a comienzo de la gestión de Chahla el anuncio se podía hacer con presencia  y acompañamiento del SOEM, pero desde hace algunos meses, el sindicato de Acosta comenzó a hacer «oposición» a la gestión municipal, con acusaciones cruzadas entre el referente municipal y el Secretario de Gobierno, Marín Viola.

«La Municipalidad define aumentar el sueldo de los empleados y el personal municipal sabe que el gremio no tiene nada que ver con los aumentos. Los muchachos del sindicato se ponen nerviosos porque no pueden decir que las recomposiciones salariales son un logro de ellos», explica un director de un areá de la Municipalidad, con más de 25 años de antigüedad en la intendencia capitalina.

No obstante, el punto más polémico  del reclamo sindical es el relativo al ingreso a la planta de los hijos de los empleados municipales. Para «Cacho» Acosta,  la amarillenta Ordenanza N° 2622 de fecha 20/11/1997 avala el  pedido que ellos realizan para que los cargos de la planta sean virtualmente hereditarios. El reclamo, queda a trasmano del clima de época marcado por el gobierno nacional en el cual se busca eficientizar el estado; disminuir tanto el gasto público como la planta estatal; y someter a los empleados a un examen de idoneidad para evaluar si califican o no para cumplir funciones en el Estado.

Dice el artículo 1° de la ordenzanza citada por Acosta: «Se establecerán los mecanismos que privilegien el  ingreso de los hijos de los agentes y ex agentes municipales de la administración provincial, dando prioridad en los casos de muerte o incapacidad sobreviniente de los agentes y de aquellos  agentes que se acogieron a los beneficios jubilatorios». Una ordenanza un tanto arcaica que en ningún momento consagra un derecho sino que maá bién busca institucionalizar los privilegios.

“Estamos trabajando para un gran paro municipal antes de fin de año. Queremos que la intendenta reflexione y dialogue con nosotros antes de que la situación se desborde”, concluyó, en un tono entre amenaza y advertencia, Osvaldo «Cacho» Acosta.