Las empresas de apuestas online presionan para que la regulación que se debate en el Senado se concentre en los operadores ilegales y no imponga nuevas restricciones a las plataformas habilitadas.
La discusión enfrenta dos enfoques: endurecer las reglas para todo el mercado o focalizar la acción del Estado en los sitios que operan sin autorización.
El proyecto oficial
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en mayo prevé penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten u organicen apuestas no autorizadas, y de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios esenciales sabiendo que se trata de una actividad ilegal. También contempla el bloqueo de dominios y restricciones financieras.
A diferencia de la media sanción aprobada por Diputados en 2024, el texto del Gobierno se centra en impedir el acceso de menores y limitar la publicidad dirigida a ese público, pero no prohíbe en forma general los anuncios ni los patrocinios deportivos. La media sanción, que vence este año, incluía restricciones más amplias, verificación de identidad, autoexclusión y límites a los medios de pago.
El debate en Buenos Aires
La discusión también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde legisladores de Fuerza Patria impulsan un proyecto que elimina los bonos de bienvenida, crea herramientas para bloquear sitios ilegales y establece un gravamen equivalente al 100% del gasto publicitario de las casas de apuestas para financiar políticas de salud mental.
